Hoy el Consejo de Ministros aprobará sin ningún cambio la Ley de Economía Sostenible en lo referente al cierre administrativo de páginas web que infrinjan derechos de autor. Que lo hagan según los propios autores. La última vez que hubo un órgano administrativo en España que se permitía ese lujo era la censura franquista. Por eso mismo se redactó el artículo 20 de la Constitución Española para proteger la libertad de expresión personal, artística y científica.
Y es un Gobierno supuestamente de izquierdas el que resucita la censura saltándose de una manera chusca ese derecho fundamental. A ver qué ocurre cuando le pongan a un juez un procedimiento hecho por y para los autores (es decir, parte interesada con miembros dentro de ese órgano administrativo) que vulnera el principio máximo de que un medio de comunicación (Internet lo es, como el teléfono o un medio escrito, radiado o televisado; o un híbrido de ellos) sólo puede ser secuestrado o cerrado por el poder judicial. Cerrarán primero, pero luego, en el juicio perderán. En el Constitucional deberían perder. Si no, será la supuesta izquierda socialista española quien traiga la dictadura del poder (ver para creer).
Hoy, en previsión de que se apruebe esta ley, hay muchos bloggers (entre ellos Enrique Dans) que reclaman que volvamos a publicar la declaración que ya incluimos cuando se conoció la maniobra de la ministra de Cultura (que es parte enemiga por ser autora).
Si sigues leyendo la podrás ver de nuevo:
Ante la inclusión en el Poyectroyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
7.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
8.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
9.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
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